Resumen: Los pronunciamientos recaídos en un previo recurso preferente y sumario producen efecto de cosa juzgada sobre el posterior recurso ordinario cuando concurre identidad de personas, pretensiones y alegaciones. En consecuencia, la sala ahora se remite a la respuesta dada en el proceso previo a las pretensiones ya deducidas referidas a la vulneración de la presunción de inocencia, del derecho a un proceso con todas las garantías, del derecho a la utilización de los medios de prueba, del principio de legalidad en su referencia a la tipicidad absoluta, del derecho a ser informado de la acusación y de la tutela judicial efectiva. Al haber transcurrido el plazo máximo de tramitación del expediente, este caducó, por lo que, a partir de entonces, volvió a correr íntegramente el plazo prescriptivo de 6 meses establecido para la infracción imputada. Por lo tanto, conforme a la secuencia temporal de las actuaciones, cuando se notificó la resolución sancionadora no había prescrito la infracción. La sentencia dictada en el recurso contencioso disciplinario ordinario no está viciada de nulidad por haber intervenido en ella quienes también lo hicieron en el previo preferente y sumario, al no haber sido recusados por el recurrente. La incongruencia omisiva en la sentencia dictada por el tribunal de instancia no puede hacerse valer en el recurso de casación si, en su momento, el recurrente no ejercitó la facultad de complementación que le autoriza el art. 267.5 LOPJ.
Resumen: Nombramiento de jueces sustitutos en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El recurrente funda su pretensión en una supuesta falta de imparcialidad de los nombrados, que habrían vulnerado sus derechos fundamentales en varios procedimientos anteriores. Desestimación del recurso contencioso-administrativo, pues el recurrente carece de legitimación para pedir que se declare inválido un nombramiento judicial por una supuesta falta de imparcialidad de los nombrados con respecto a él. Ningún ciudadano tiene derecho a que se nombre un Juez de su gusto o conveniencia. Y es importante recordar que el remedio previsto por nuestro ordenamiento frente a la falta de imparcialidad del Juez es la facultad de recusación del mismo que asiste, una vez cumplidas las exigencias legales, a cualquier litigante.
Resumen: La garantía de imparcialidad en el procedimiento disciplinario no tiene la misma intensidad que en sede jurisdiccional, pues lo exigible a quien interviene en el procedimiento en nombre de la Administración es que desempeñe sus funciones con objetividad, es decir, con desinterés personal. Entre las facultades de la autoridad sancionadora se encuentra la de acordar la práctica de diligencias omitidas y que considere necesarias para resolver el procedimiento o para someter al interesado una propuesta de resolución que incluya una calificación jurídica de mayor gravedad, sin que por ello se comprometa la garantía de imparcialidad. No resulta vulnerado el derecho a la presunción de inocencia, pues la sala de instancia argumenta razonadamente por qué da más credibilidad al parte disciplinario adecuadamente ratificado y a una testifical que constituye auténtica prueba de cargo que a aquellos otros tres testigos propuestos por el recurrente. El comportamiento del demandante, que decidió voluntariamente no trasladarse al lugar en que debía desarrollar un específico servicio de patrulla de seguridad y, por el contrario, quedarse en la sede de su unidad para realizar otras funciones oficiales, constituye desatención del servicio de carácter grave, en atención a las características del servicio desatendido y al carácter doloso de la conducta. No concurre falta de proporcionalidad, al haberse impuesto la menor de las sanciones previstas para las faltas graves y en su mínima extensión.
Resumen: La aplicación de la doctrina del acto claro determina la improcedencia de la cuestión prejudicial que el recurrente solicita que se plantee al TJUE. Al referirse las preguntas pretendidas a derechos fundamentales, su ámbito de protección ha de ser equivalente al ofrecido en el marco del CEDH. La doctrina del TEDH sobre el derecho a la libertad de expresión en el ámbito de las FF.AA. permite el establecimiento de especiales límites a su ejercicio respecto de los militares para proteger el cumplimiento de los fines que están llamados a cumplir. Por su parte, la imparcialidad de los tribunales militares solo ha sido cuestionada por el TEDH en supuestos de pérdida de imparcialidad objetiva, lo que no se ha aducido en el recurso, que se limita a cuestionar todo el sistema constitucionalmente previsto. La jurisdicción militar goza de las garantías constitucionales que se predican del poder judicial, lo que resulta aún más evidente de la Sala Quinta del TS que, integrada en la jurisdicción ordinaria, ejerce el control de legalidad en la aplicación del derecho militar por los tribunales integrados en la jurisdicción militar. No se sancionaron dos veces los mismos hechos, sino que las manifestaciones públicas emitidas fueron disgregadas en dos tipos que tutelan bienes jurídicos distintos: uno, la disciplina en sentido estricto; el otro, el respeto debido a las instituciones y autoridades.
Resumen: Tras rechazarse la alegación de incongruencia de la sentencia, el TS observa que la parte recurrente no cuestiona de manera expresa los argumentos dados en la sentencia poniendo de relieve que el exceso en la tramitación y resolución fue imputable al administrado por su actuación en la tramitación del incidente de recusación. Aunque el artículo 42 de la Ley 30/1992 no contempla la recusación como una de las causas de suspensión del plazo legalmente fijado para resolver los expedientes administrativo (a diferencia de lo que hace el artículo 22.2,c de la vigente ley 39/2015), hay que considerar que el artículo 77 de la Ley 30/1992 dispone la suspensión del procedimiento por causa del incidente de recusación y, por ello, hay que entender que el plazo de terminación del expediente administrativo puede verse afectado por la tramitación de ese incidente. Constatado que la Administración se excedió del plazo de dos meses para resolver, de desestiman también las otras alegaciones de la recurrente, a saber: I) La solicitud de ampliación del plazo de alegaciones que se otorgó al administrado no tiene trascendencia para evitar la caducidad del expediente. II) no es admisible tomar como fecha de inicio del expediente la fecha de la notificación de la resolución de inicio (el plazo se computará desde el acuerdo de iniciación). III) No es posible admitir que la inacción del administrado en el incidente de recusación tuvo incidencia en su duración.
Resumen: El juzgado estima el recurso contra la resolución de 23 de octubre de 2012, por la que se elevan a definitivas las puntuaciones asignadas a los aspirantes en el concurso para la provisión de puesto de Jefe de Servicio de Psiquiatría del CHOP, ordenándose la retroacción de actuaciones para que se designe una nueva Comisión de Evaluación, con los requisitos exigidos en la normativa aplicable. Con carácter previo, alega el apelante que sobre estos mismos hechos ya se ha pronunciado la jurisdicción penal, lo que se desestima en base a la distinta perspectiva de la jurisdicción penal y de la contencioso-administrativo a la hora de enjuiciar los hechos. En la pruebas se valora hostilidad del tribunal contra uno de los candidatos, lo que ayudan a dibujar un escenario incompatible con la necesaria imparcialidad en la actuación administrativa, así como la ausencia de la debida justificación de la decisión denegatoria de la recusación planteada. La base séptima de la convocatoria exige que, tras el acto público de defensa del proyecto técnico, el tribunal ha de elaborar un informe razonado, que en este caso fue muy genérico. Se dío también una falta de publicidad previa de la singularización del baremo y de los criterios de valoración.
Resumen: No puede pretenderse que el órgano llamado a resolver un expediente administrativo goce de las mismas garantías de imparcialidad que la que resulta exigible a los órganos jurisdiccionales cuando ejercen la jurisdicción, sino que basta con que actúe con objetividad, es decir, desempeñando sus funciones con desinterés personal, sin perjuicio de la interdicción de toda arbitrariedad y del sometimiento a posterior revisión judicial de la sanción impuesta. En el supuesto enjuiciado no se aprecia infracción alguna de las garantías de imparcialidad que asisten al encartado, mediante la articulación de un recurso de alzada, el recurrente consiguió la revocación, por motivos formales, de la sanción que le había sido inicialmente impuesta, lo que no anula la competencia de la autoridad sancionadora para examinar nuevamente los hechos y valorar la procedencia de que los mismos merezcan reproche disciplinario, ni merma la necesaria objetividad del mando sancionador en el desempeño de sus funciones. Anulada la sanción inicialmente impuesta por motivos formales, procede la retroacción del procedimiento al momento de cometerse la infracción, lo que no lleva aparejada la modificación de la competencia del órgano que dictó la resolución inicial ni la composición personal del órgano, que ha de subsanar el defecto procesal apreciado y resolver la cuestión de fondo imprejuzgada en el recurso.
Resumen: El recurso tiene interés casacional objetivo como consecuencia de la invocación del recurrente relativa a que la sentencia de instancia interpreta o aplica aparentemente con error normas constitucionales sobre los derechos fundamentales, en concreto, los contemplados en el art. 24 CE en lo relativo a la tutela judicial efectiva por incongruencia del fallo derivada de una incorrecta valoración de la prueba y a la falta de imparcialidad al imponer la sanción.
Resumen: El recurso tiene interés casacional objetivo como consecuencia de la invocación del recurrente relativa a que la sentencia de instancia interpreta o aplica aparentemente con error normas constitucionales sobre los derechos fundamentales, en concreto, los relativos al derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) por incongruencia omisiva y por falta de motivación (art. 120.3 CE), a la presunción de inocencia (art. 24.1 CE), al derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), al derecho a la prueba sin indefensión, al principio de tipicidad (art. 25.1 CE) por indebida aplicación del art. 8.12 LO 8/1988, a los derechos contemplados en los arts. 6.1 y 3 d) del CEDH, al derecho a ser informado de la acusación, al derecho a la libertad personal (art. 17.1 CE), al derecho a la salud (art. 15 CE), al derecho al juez imparcial y al proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), así como con vulneración del art. 52.1 de la LO 8/1988, de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas. La sala coincide con el recurrente en los términos en que se plantea el interés casacional objetivo, con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales.
Resumen: Señalada la deliberación, votación y fallo del recurso de casación, la Sala por auto acordó suspender el señalamiento de dicho recurso y remitir copia testimoniada del mismo y de las actuaciones al Fiscal Togado por si los hechos que han dado lugar a la sanción que con este recurso se impugnan fueran constitutivos de delito. Declarado el sobreseimiento de las Diligencias de Investigación por no resultar suficientemente acreditada la comisión del delito denunciado, se rechaza que la decisión de los Magistrados que acordaron tal suspensión, para preservar la preferencia de la Jurisdicción Penal, comporte entrar a conocer, ni lógicamente llegar a pronunciarse sobre la realidad de los hechos que el Tribunal Militar Central había declarado probados en su sentencia, ni sobre las alegaciones del recurrente en su recurso. Ni la naturaleza, ni la extensión de la intervención habida pueden llevar a sospechar que dichos Magistrados hayan quedado contaminados por ella. Como de la propia suspensión se desprende, se han detenido ahí, ante la posible existencia de prejudicialidad penal, sin llegar a formar criterio y sin predeterminar su resultado. No queda comprometida la imparcialidad del Tribunal de casación por limitarse a trasladar al Ministerio Fiscal los hechos determinados en la sentencia de instancia. La falta de valoración por la Sala de lo Militar de los hechos probados por el tribunal de instancia y de la culpabilidad del sancionado no prejuzga su transcendencia disciplinaria.
